Tras las injustas medidas de ajuste, adoptadas por el Gobierno del Sr. Rodríguez Zapatero, a día de hoy la economía española ha pasado a ser intervenida desde Europa, tutelada y controlada tanto por Washington como por Bruselas. Una situación que debería avergonzar a nuestros dirigentes políticos, pues es el resultado de un modelo de país sin capacidad para gobernarse a sí mismo. Resulta dramático que Bruselas diga a España qué es lo que debe hacer, mientras que el Estado es incapaz de hacer lo mismo con las autonomías, protagonistas principales de esta tragedia y responsables directas del 71,5% del gasto de este país.
Si bien resulta decepcionante la actitud del ¿Gobierno? de este país, más decepcionante resulta la actitud del principal partido de la oposición, enfundado bajo el disfraz de nuevo Robin de lo bosques. Tanto PSOE como PP están de acuerdo en quienes tienen que pagar la factura de esta crisis, pese que ahora escenifiquen unos el papel de Robin Hood y otros el de Sheriff de Nottingham. Tanto unos como otros, son incapaces de ponerse de acuerdo en cuales son las medidas que hay que adoptar para salir definitivamente de esta situación. Sin embargo, si están de acuerdo en qué es aquello que no debe cambiar.
El Gobierno del PSOE, ha sido instado desde Europa a recortar 15.000 millones de euros de gasto, en dos años. Este recorte, lo ha hecho efectivo en un retroceso en cuanto a política social. Las medidas adoptadas como las de bajar el sueldo un 5% a los funcionarios (profesores, bomberos, policías, guardias civiles, etc….) y congelarlo el próximo año; eliminar la retroactividad a las ayudas para los dependientes, congelar las pensiones, recortar gasto en farmacia, nuevas subidas de impuestos a corto plazo (que dicen pagarán los ricos, pero que todos sabemos que acabaremos pagando los trabajadores); y la inminente subida del IVA, auguran a España un futuro nada esperanzador. Ante estas medidas totalmente injustas, la actitud del principal partido de la oposición es la de esperar que el Gobierno se desgaste cada día un poco más, para ocupar su lugar a corto plazo, con el trabajo ya hecho.
Si en algo están de acuerdo, tanto Partido Popular como PSOE, es en que las medidas que solicitamos desde Unión Progreso y Democracia no las van a respaldar. Estas medidas, que sí abordan el problema de fondo, no supondrían un recorte en política social y evitarían el que volvamos a encontrarnos en esta misma situación dentro de 15 ó 20 años. Las medidas de ajuste que propone UPyD, como son el acabar con el gasto de 15.000 millones de euros anuales que suponen las televisiones públicas, recortar el número de fundaciones públicas, eliminar los institutos meteorológicos de las autonomías, eliminar delegaciones comerciales en el extranjero, eliminar tribunales de cuentas, eliminar tribunales de la competencia, reducir los 35.000 asesores y cargos de confianza, reducir el número de empresas público-privadas o controlar el exceso de gasto autonómico desde el Estado Central; harían que en un solo año ahorráramos más de 24.000 millones de euros. Casi 10.000 millones de euros más, de lo que nos pide Europa que ahorremos en dos años. Todo ello, sin que la política social se viera perjudicada de manera alguna.
Desgraciadamente, no se detectan ni síntomas esperanzadores para una pronta recuperación económica ni “brote verde” alguno, si no todo lo contrario. Para el próximo año, nos han anunciado que no se permitirá a los Ayuntamientos el que se sigan endeudando “a largo plazo”. Esta medida, que fue rectificada previamente, pues de no haber sido así se habría hecho efectiva el día 1 de Junio, deja en una situación preocupante a los Ayuntamientos y a muchos municipios, tanto de nuestro país como de nuestra comunidad autónoma. Hay Ayuntamientos excesivamente endeudados, que junto con las altas tasas de paro, la destrucción de tejido industrial y la carencia de un nuevo modelo económico y productivo, reúnen todos los requisitos para reproducir la situación vivida en Grecia, pero a nivel municipal.
El Ayuntamiento de Alcoy es un claro ejemplo de lo que comentamos. El pasado año 2009, este Ayuntamiento cerró el curso con una deuda de 39.976.000€, lo que supone un endeudamiento por habitante de 635€, bajo un padrón de 62.946 habitantes. Las altas cifras de destrucción de tejido industrial, la numerosa cantidad de desempleados (10.411 en el mes de Abril) y la falta de modelos productivos y económicos que complementen los que ya existen, hacen que la ciudad de Alcoy, pueda ser una de estas ciudades que reproduzca a pequeña escala, el caos vivido en Grecia. La falta de oferta laboral, lleva a la despoblación de la ciudad, lo que supondrá un incremento de los impuestos y un endeudamiento por habitante cada vez mayor.
Estamos en una situación de emergencia nacional y debemos ser conscientes. Necesitamos un Gobierno solvente; un partido de la oposición a la altura de las circunstancias que piense en los españoles, en lugar de en las elecciones; y unos Ayuntamientos responsables. De no ser así, el estado del bienestar que hemos conocido hasta el momento, será ciencia ficción para nuestros nietos.
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