Desde Unión Progreso y Democracia, se ha presentado un estudio donde se demuestra que el actual modelo autonómico que vivimos, significa un “sobrecoste” de 26.000 millones de euros. Este sobrecoste, no es más que el resultado del exceso de gasto, duplicidad en las funciones y gasto superfluo y evitable.
Este estudio, ha sido publicado por la Fundación Progreso y Democracia y puede encontrarse en el libro “El coste del Estado Autonómico”.
De los 26.000 millones de euros, hay una distinción entre lo que es el “gasto evitable” y el “gasto inevitable”.
Como “gasto evitable”, encontramos los diversos medios de comunicación autonómicos, que en 2008 arrastraban una deuda de 1.600 millones de euros; la proliferación de organismos público – privados (entre 2003 y 2008 se ha pasado de 163 fundaciones públicas a 541, de las que 344 son autonómicas, lo que supone un incremento del 80%); órganos públicos duplicados como el defensor del pueblo, institutos meteorológicos, delegaciones comerciales en el extranjero, tribunales de cuentas, oficinas antifraude, etc…
En lo que se refiere al “gasto inevitable” como Gobiernos autonómicos, consejerías y parlamentos regionales, etc.. se observa un gasto desproporcionado. Como ejemplo, destaca el que el parlamento Catalán, con 135 parlamentarios, supone un coste por diputado de 505.926€, lo que significa prácticamente el doble que el gasto que supone un diputado del Congreso con 350 escaños, el cual asciende a una cifra de 280.000€.
A todo esto, se le suma el fraccionamiento regulatorio. El actual modelo autonómico, hace que nos encontremos con más de 100.000 normas vigentes entre las distintas administraciones. En gran parte, estas normas siguen incurriendo en la duplicidad de funciones, cuando no conservan diferencias apenas apreciables. Esto imposibilita la unidad de mercado y la movilidad laboral ya que complica el que las empresas puedan migrar de una comunidad a otra, amén de desincentivar el traslado de sus trabajadores, con trabas como los modelos lingüísticos educativos, los requisitos lingüísticos en la función pública, etc…
Es destacable también, el aumento en los gastos de personal y de funcionamiento de las administraciones autonómicas. En estos últimos veinte años, el número de empleados de la administración central ha disminuido en un 56%, concretamente ha pasado de 1.308.692 en el año 1990 a 575.021 en 2009. Sin embargo, el número de empleados públicos autonómicos ha pasado de 514.273 en 1990 a 1.332.844 en el año 2009, debido principalmente al traspaso de competencias como la sanidad y la educación.
En la eficiencia del gasto, nuestra Comunidad Valenciana al igual que la Comunidad Autónoma de Cataluña, son consideradas como comunidades “estancadas”. Se las considera como tales al ser comunidades deficitarias en cuanto a personal público y con bajo crecimiento del producto interior bruto.
En resumen, el “sobrecoste” de 26.000 millones de euros que supone el actual modelo autonómico, supondría que de corregirse, se podrían cubrir los intereses de la deuda anual de nuestro país, que ascienden a la misma cifra.
Las Comunidades Autónomas se han arrogado la potestad de “miniestados” asumiendo servicios y competencias que, en definitva, reproducen de manera innecesaria la estructura del Gobierno de España. Esta situación debe suponer el replanteamiento en lo que a modelo de Estado se refiere, pues las cifras demuestran que el actual modelo de las autonomías, es insostenible a medio/largo plazo.
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