Incertidumbre y expectativas

Una vez finalizado el 2010, observamos que un importante número de economistas, sociólogos o políticos, expresan su incertidumbre en el devenir de este nuevo año 2011 que hemos comenzado recientemente.
En materia de libertad lingüística, la incertidumbre no es menor que en el resto de asuntos.

El pasado mes de Diciembre, el Tribunal Supremo se pronunció en cuanto a las denuncias que tres familias habían llevado hasta dicho Estamento, ante la imposibilidad de poder matricular a sus hijos en castellano en algún colegio o instituto de la Comunidad Autónoma de Cataluña. Según dicho Tribunal, la falta de libertad de estos padres, para poder escoger una de las dos lenguas oficiales de la Comunidad Autónoma y en concreto la oficial del país, supone una vulneración de la Constitución del 78. Tras esta constatación, se insta a la Generalidad de Cataluña, a que facilite los mecanismos oportunos para que todo aquel que quiera educar a su hijo en castellano, lengua oficial de nuestro país, pueda hacerlo libremente.
Este hecho supone una enmienda a la totalidad a la política lingüística catalana, dejando fuera de la Ley la “inmersión lingüística” practicada durante 30 años y exportada a otras comunidades autónomas como la valenciana.

Tras la sentencia del Tribunal Supremo, tanto CIU como Partido Socialista, se han pronunciado en contra de dicha sentencia, hasta el punto de comunicar públicamente que no la acatarán. Este hecho, lejos de ser un hecho menor, supone un desacato a la justicia y un serio peligro para nuestro sistema democrático, pues desde el pasado 22 de Diciembre, nuestro país cuenta con un partido antisistema (PSOE) gobernando España y un partido nacionalista y antisistema (CIU), gobernando una comunidad autónoma como Cataluña.

Coincidiendo con la Sentencia del Tribunal Supremo y con la “defensa a posteriori”, de la libertad lingüística por parte del PP en la Comunidad Autónoma de Cataluña, se conocía que La Asociación Nacional por la Libertad Lingüística, llevaba al Tribunal Supremo un nuevo caso de falta de libertad, de las mismas características que los de Cataluña, pero esta vez en la Comunidad Valenciana.
Desde que el Tribunal Supremo dictara sentencia el pasado mes de Diciembre, el Partido Popular y el Gobierno Autonómico del Sr. Camps deben saber, que al igual que Partido Socialista y CIU, practican una política lingüística que atenta contra la Constitución del 78 y la libertad individual.
La rapidez para apropiarse de los éxitos ajenos por parte del Partido Popular, contrasta con su capacidad de mirar hacia otro lado, cuando en alguno de sus feudos se vulnera la libertad individual.

Este año 2011, debe ser el año de resarcir a las víctimas de la imposición lingüística. Debe ser el año, en que cumpliendo los dictámenes de la Justicia, se trabaje en enmendar 30 años de imposiciones nacionalistas y de falta de libertad.
La incertidumbre no es pequeña, pues las expectativas, son alentadoras.