Cuando la discriminación toma carácter oficial

La Real Academia Española define el termino “discriminar” como “dar trato de inferioridad a una persona o colectividad por motivos raciales, religiosos, políticos, etc”.
Desde Unión Progreso y Democracia, lamentamos que el Ayuntamiento de Alcoy, discrimine, a través de su Reglamento Municipal de Normalización Lingüística, a una parte de la población, por motivos lingüísticos.

Este Reglamento Municipal aprobado por el Pleno del Ayuntamiento de Alcoy, en sesión extraordinaria el día 25 de Enero de 1990, sigue veinte años después en plena vigencia. Por eso, instamos al Ayuntamiento de Alcoy a que derogue este Reglamento Municipal y aplique la verdadera normalización lingüística, que no es otra que la que respeta la libre elección de los ciudadanos, en la utilización de cualquiera de las dos lenguas oficiales de nuestra Comunidad Autónoma.

El Reglamento al que nos referimos y que puede encontrarse en la página web del Ayuntamiento, comienza en su artículo primero asegurando que la lengua propia de Alcoy es el valenciano. Esta afirmación, formulada simplemente desde simples deseos identitarios y no desde una realidad constatada, choca de frente con la realidad social y con la evolución de la población española y por tanto también de Alcoy. Las ciudades, no tienen otra lengua que aquella que utilizan sus ciudadanos. Asegurar de una manera tan gratuita que la lengua propia de Alcoy es el valenciano, no hace más que despojar de su condición de Alcoyano a todo aquel que no se exprese en esta lengua.
Los posteriores artículos, no son menos sorprendentes. Por ejemplo, en el artículo segundo, se pide “proteger la recuperación del valenciano y fomentar su uso en todos los actos de la vida ciudadana”, en los artículos tercero y cuarto obliga a que los documentos oficiales se realicen en valenciano, el artículo sexto pide promover el valenciano en todas las dependencias municipales, señalizaciones, servicios públicos, educativos, fiestas locales, planos… este punto, no hace otra cosa que discriminar a todas aquellas personas castellano-parlantes que también contribuyen con sus impuestos municipales a sostener todas estas actividades y servicios. Para pagar impuestos, ciudadanos de primera, sin embargo para recibir prestaciones y servicios municipales, ciudadanos de segunda.
Uno de los artículos más contraproducentes para la actual crisis económica que vivimos, es el artículo séptimo. Este artículo dice “el Ayuntamiento de Alcoy subvencionará o bonificará las actividades de toda clase que utilicen el valenciano como lengua habitual”, también dice “el Ayuntamiento de Alcoy bonificará tasas e impuestos municipales que tengan relación con la normalización lingüística”. En siguientes puntos, este mismo artículo detalla que “los rótulos públicos de nueva instalación redactados en valenciano se bonificarán con un 50% del valor de la tarifa del impuesto municipal durante el año fiscal en que se instalen”, “los que se sustituyan del castellano al valenciano, se bonificarán con el 90% de la tarifa durante los dos años fiscales siguientes al cambio”. El momento tan delicado que vivimos, en el terreno laboral y de creación de tejido industrial y empresarial, obliga a que se prioricen incentivos económicos para aquellos comercios que ofrezcan valor añadido a sus productos, para aquellos comercios o empresas que apuesten por la investigación, por la innovación y por el desarrollo de su competitividad. No es momento de cuestiones identitarias y sí de soluciones pragmáticas.


Estos artículos aquí citados y el resto que conforman el Reglamento Municipal de Normalización Lingüística, incurren en una continua discriminación, económica y social para con aquellos ciudadanos cuya lengua materna es el español, por lo tanto desde Unión Progreso y Democracia no cesaremos en nuestras peticiones, hasta que este Reglamento sea derogado de manera definitiva y efectiva.